La presentación se realizó en la mañana de este viernes 11 de diciembre. El escrito fue recepcionado en la oficina del Procurador General y está dirigido contra el gobernador saliente, Sergio Urribarri, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En diálogo con nuestro medio, Claudio Puntuel dijo que “el fondo de incentivo docente, desde que se implementó, se viene pagando en negro”.

Según se difundió desde la seccional Paraná de la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la denuncia fue presentada por Alejandra Gervasoni, Claudio Puntel, Cesar Pibermus, Susana Salgaro y Alberto René Diaz, todos ellos dirigentes sindicales enrolados en la agrupación “Rojo y Negro”, con el patrocinio del abogado Ramiro Pereira.

El espíritu de la presentación hace hincapié en “la inacción del gobierno provincial tras el reconocimiento judicial del carácter remunerativo de las sumas salariales derivadas del Fondo Nacional de Incentivo Docente –FONID- creado por la Ley Nacional 25.053”.

“No reconocer el carácter remunerativo significa, sencillamente, pagar en negro a los activos y no pagarles a los pasivos. Después de la sentencia del año pasado, la ley quedó clara, y el gobernador decidió no cumplirla”, expresó Puntel, Secretario General de AGMER Paraná.

A su vez, Alejandra Gervasoni, miembro de la Comisión Central de AGMER, dijo que “después de la sentencia, ocultada por la conducción de AGMER, y que venía de otra favorable de la Corte Suprema nacional, Urribarri se decidió a incumplir la ley, y eso es un delito. Ahora la Justicia tiene que investigar, pese a los fueros de Urribarri como diputado. Eso sí sería democratizar la Justicia. Vamos a ver si ahora son consecuentes”.

En efecto, los denunciantes afirman que Urribarri no dio cumplimiento a las leyes pese a que, tras la sentencia de la Sala Nº 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos del 19 de noviembre de 2014, quedó establecido el carácter remunerativo de las sumas percibidas por el fondo de incentivo docente.

El delito del que se acusa a Urribarri está previsto en el artículo 248 del Código Penal y prevé la pena de prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial para el funcionario público que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

Paula Ravier