Bordet un titere del sueño entrerriano

Los dueños del juego, los dueños de la política

¿Es casualidad que Bordet haya otorgado una concesión hasta 2030 a la empresa NeoGame y sus Sociedades Anónimas derivadas para explotar maquinitas tragamonedas justo en el año electoral? ¿Nadie investigó por qué Bordet cerró su campaña en 2015 en el Hotel Howard Johnson del mismo grupo empresario? ¿A nadie le sorprende que la sobrina de Urribarri, Carolina Gaillard, habilite los negocios de los empresarios del juego bajo el fraude de la Ley de turismo protegiendo los intereses de su tío rico?

Los dueños de la política
Donald Trump construyó su imperio a partir de la apertura de Casinos. Y años más tarde, llegó a la Presidencia de la Nación del país más poderoso del mundo. En Argentina, los empresarios manejan desde afuera las decisiones políticas. Pero no es casualidad que el juego, los casinos, las máquinas tragamonedas y los millones que mueven financien a la política. Entre Ríos es un caso típico en que los verdaderos dueños del capital ponen y sacan nombres de las listas de candidatos en función de la protección de sus intereses.

Urribarri creció al calor del juego. Ideó la infame Ley de Turismo para ocultar el verdadero negocio de las maquinitas tragamonedas y así le abrió las puertas al grupo NeoGame para que inundara la provincia con estos aparatos electrónicos en que la banca siempre gana. Esos favores le significaron, no sólo dos mandatos consecutivos como Gobernador, sino también el intento de la aventura presidencial. Una alocada carrera por el poder que costó varios miles de millones de pesos que alguien financió.

Su sucesor, Gustavo Bordet, no tocó esos intereses. Por el contrario, cerró su campaña electoral 2015 en el Hotel del grupo NeoGame que comanda desde las sombras Jorge Aníbal Pérez (también dueño de Canal 9) y que tiene como cara visible a Marcela Santamaría (foto).
¿Quién arma las listas?
Y a pocas semanas de una nueva campaña electoral que costará varios millones, Bordet cerró filas con la nueva Sociedad Anónima del grupo, Savour Net S.A. a cambio de garantizarle la concesión hasta 2030 de maquinitas tragamonedas en el Casino de Concepción del Uruguay. Como parte del mamarracho, la actual secretaria de Turismo de Bordet, Carolina Gaillard, habilitó –como “inversión” que justifique la explotación del juego– la apertura de un Centro de Capacitación Turística, la nueva máscara del grupo NeoGame del que participa Miguel Marizza, Jorge Aníbal Pérez, la nueva cara visible Graciela Leone y la siempre presente Marcela Alejandra Santamaría. Otro nombre para seguir de cerca: Diego Banfi, actual vicepresidente del grupo Savour Net, del cual NeoGame es socio.

Si a eso agregamos los “aportantes truchos” de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, que no hacen otra cosa que ocultar a los reales aportantes que prefieren no aparecer en ningún listado, vale preguntarse: ¿Quién arma la lista de candidatos?; ¿son realmente los partidos y sus decisiones internas los que definen las listas? ¿o los verdaderos intereses a quienes responden muchos candidatos deciden de antemano quién tiene chance de proteger sus intereses disfrazado de gobernante de turno?

Un cambio necesario
Esta semana, diversas organizaciones que trabajan en temas de transparencia emitieron una solicitada con algunas aseveraciones muy contundentes:
• En las campañas electorales, el dinero circula en efectivo
• Las campañas se financian con aportes no permitidos
• Los oficialismos nacionales y provinciales utilizan recursos públicos para las campañas

El documento forma parte de una solicitada publicada esta semana por CIPPEC, junto con Poder Ciudadano y la Red de Acción Política (RAP) en el que reclaman “a la dirigencia política a crear consensos para aprobar urgentemente una nueva ley de financiamiento de la política”. También exigen que “los aportantes del sector privado y las empresas que financian a partidos políticos, que lo hagan únicamente con dinero bancarizado” que pueda ser rastreado e identificado.

Al igual que la Alianza por la Transparencia que integran diversas organizaciones de la Sociedad Civil que pugnan por marcos normativos más exigentes, estas tres entidades lanzaron la iniciativa #2019Transparente, enfatizando que la transparencia del financiamiento político y electoral es un compromiso colectivo, que involucra a la dirigencia política e interpela también al empresariado.

El documento también recuerda que “Las rendiciones de los partidos son inconsistentes y las sanciones llegan tarde”. Todo esto queda en evidencia con la revisión de la rendición de cuentas de los gastos de campaña: ni Macri, ni Scioli, ni Massa superaron la prueba.
En julio de 2017 la jueza con competencia electoral María Servini desaprobó los informes financieros de campaña de Cambiemos (que llevó como candidato a presidente a Mauricio Macri), el Frente para la Victoria (Daniel Scioli), Unidos por una Nueva Alternativa (Sergio Massa) y Compromiso Federal (Adolfo Rodríguez Sáa). Los únicos que pudieron explicar el origen y destino de los fondos fueron los del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (Nicolás Del Caño) y Progresistas (Margarita Stolbizer).

El llamado de las organizaciones de la sociedad civil para el monitoreo de esta campaña electoral 2019 también interpela a la Justicia Electoral y los medios de comunicación. “La Justicia Electoral debería destinar más recursos para el control de las campañas, acelerar las investigaciones y establecer las sanciones con más celeridad”, argumentan. Para los medios de comunicación y periodistas, “pueden colaborar exigiendo y publicando información sobre el financiamiento de cada campaña electoral”.
Fuente: El Entre Ríos (edición impresa).

Paula Ravier

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