Bordet_: El gabinete cada vez más complicado en la Justicia

No había pasado una semana desde que Gustavo Bordet asumió la Gobernación cuando se sentó a la mesa del programa “Fuera de Juego”, que conduce el periodista Daniel Enz por el canal 6 Somos Gualeguaychú, y dijo aquella frase que resonó sólo el tiempo suficiente hasta que quedó sepultada por la fatalidad de los hechos.

“Si alguien tiene una denuncia, hasta tanto se demuestre el resultado, le pediré que tome licencia, apartarlo del cargo”, sentenció el gobernador Bordet en un estudio de televisión, sin pensar, quizá, que aquella sentencia se convertiría en un bumeran. La declaración de Bordet fue clara: si un funcionario se veía involucrado en alguna causa judicial, debería dar un paso al costado.
Mauro Urribarri, con una denuncia por enriquecimiento.

Mauro Urribarri, con una denuncia por enriquecimiento.

Seis días después, los abogados Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto presentaron una denuncia por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito contra el exgobernador Sergio Urribarri y casi toda su familia, incluido su hijo Mauro Urribarri, ministro de Gobierno del gabinete de Bordet.

La atención se centró en las operaciones que se hicieron a través de la empresa Kriptax Inc SA, que regentean el ministro de Gobierno, y su hermano, Sergio Damián Urribarri. Esa empresa fue antes de dos prestanombres, beneficiarias de planes sociales, con domicilio en una villa miseria de Buenos Aires, quienes ya habían realizado una transferencia societaria similar al emblema de la corrupción K, el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime.

La investigación judicial quedó en manos de los fiscales Santiago Brugo y Patricia Yedro.

El fiscal, Álvaro Piérola, tiene entre manos una causa que salpica a otro funcionario de Bordet: el gerente general del Instituto Autárquico Provincial del Seguro (IAPS), Martín Fernández, cuyo repentino crecimiento patrimonial asombra a más de uno en Gualeguaychú, ciudad donde vive, de quien se investiga su rápido crecimiento patrimonial.

Antes de recalar en el Instituto del Seguro, Fernández ocupó una banca de concejal en Gualeguaychú por el Frente para la Victoria (FPV), entre 2007 y 2011. “Es uno de los jóvenes que se hizo rápida y meteóricamente millonario durante el urribarrismo y es también flamante poseedor de un complejo turístico en la capital del Carnaval, valuado en más de 10 millones de pesos, aunque escriturado en un 20 por ciento de su valor. Y como si fuera poco está gastando alrededor de 1 millón de pesos más en la remodelación del bello lugar, ubicado en plena costanera de la ciudad del sur entrerriano. Posee varias empresas familiares; una de ellas con negocios mediante sociedades que no se llegaron a concretar en el Parque Industrial Gualeguaychú. Tiene un perfil muy bajo y es hábil para los negocios. Su hobbie es el automovilismo, y ahora junto a la hotelería, practica dos de las actividades más utilizadas para el blanqueo de dinero”, describió el periodista Daniel Enz en la revista “Análisis”.

Está en pareja desde hace algunos años con Julieta Bahillo -hermana del exintendente y actual diputado provincial Juan José Bahillo- con quien tiene un hijo.

Otro funcionario de Bordet complicado en la Justicia es el exministro de Economía, actual representante de la provincia en el directorio del Nuevo Bersa SA, Diego Valiero, que enfrenta una causa en el Juzgado de Transición N° 2, a cargo de Susana María Paola Firpo, por el sonado caso de las cosechadoras truchas. Valiero, al igual que el exministro de la Producción, Roberto Schunk, están imputados en una investigación judicial que trata de determinar el destino de un crédito de $5,5 millones que el Estado entregó a una empresa que finalmente quebró.

Otro nombre que suena en los pasillos de Tribunales es el del extitular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), actual subinterventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), Jorge Rodríguez.

Mientras fue presidente de Vialidad, Rodríguez fue denunciado penalmente por supuestos manejos irregulares en la administración de dinero público.

La demanda fue promovida por los exdiputados provinciales María Emma Bargagna (FAP-Paraná) y Jorge Monge (UCR-Diamante), con patrocinio legal de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira.

La denuncia se apoyó en una nota publicada por el periodista Jorge Riani en julio pasado en la revista Análisis.

Los exlegisladores observaron el uso de dinero de Vialidad para construir la escuela privada Nº 235 Heraclia Ruiz Diaz. “Sin que haya existido la necesaria y obligatoria previsión presupuestaria al efecto, el Director Administrador habría utilizado dinero y/o servicios pagados por la administración pública para 1) la puesta en funcionamiento de lo que en la actualidad es la Escuela Privada Nº 235 “Heraclia Ruiz Díaz” mediante la construcción de tres aulas y colocación de mobiliario en predio perteneciente a la Dirección Provincial de Vialidad ubicado en calle Brasil Nº 1050 de Paraná, desocupado al efecto por su Dirección de Mantenimiento y Suministro; 2) la colocación de mobiliario; y 3) para el pago del personal de la citada escuela”.

Pero más todavía. “La titularidad de la referida institución educativa corresponde a la Asociación Civil y Cultural “Los viales”, cuya comisión directiva preside el propio Director Administrador de la D.P.V. e integran varios funcionarios del ente público -entre otros, el Director de Mantenimiento y Suministro Néstor A. Kemerer- aunque la constitución de tal persona jurídica es inclusive posterior al comienzo de los trabajos de la escuela”.

Pero además de haber creado una escuela con recursos que, en teoría, debieron estar destinados al mantenimiento de los caminos, Rodríguez también creó un Ministerio de Desarrollo Social paralelo, “desde el cual se habrían desarrollado actividades ajenas por completo a las funciones de la Dirección Provincial de Vialidad y realizando gastos no enmarcados en el presupuesto poniendo la estructura administrativa de la D.P.V. al servicio de la promoción personal del Director Administrador en particular, y del oficialismo provincial en general”.

La denuncia judicial también observó la creación, dentro de la estructura de Vialidad, una estructura destinada a promover la figura de Rodríguez. Se trata de “Gestión Entrerriana” que era “hasta el año 2013 un portal digital gestionado por la Gisela Soledad Jacobi, usualmente con pauta publicitaria de la D.P.V. En los primeros meses del 2014, el Director Administrador habría habilitado una oficina en el entrepiso del edificio central del ente (Avda. Francisco Ramírez Nº 2197 de Paraná) donde habría comenzado a funcionar como servicio de prensa y organización de actividades destinadas a la promoción y exaltación de la persona del Director Administrador. Posteriormente éste área irregular creció en recursos asignados hasta ubicarse en el primer piso del edificio central de la D.P.V”.

Otro punto que los letrados pidieron que investigue la Justicia es el hecho de que a fines del mes de junio y comienzos del mes de julio de 2014, Vialidad organizó una campaña solidaria para las comunidades Wichi del Impenetrable” chaqueño, tarea que concretó junto al Arzobispado de Paraná. Todo eso, en Vialidad se llevó adelante con recursos que tenían otro fin, pero que Rodríguez utilizó según su propio criterio.

El último eslabón de la cadena, por ahora, es el actual presidente del Consejo General de Educación (CGE) y exintendente de Chajarí, José Luis Panozzo, a quien el fiscal Maximiliano Larocca, de la Unidad Fiscal de Chajarí, imputó por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, defraudación a la Administración Pública, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La medida fue adoptada en el marco de la denuncia realizada por laexconcejal de Chajarí y actual diputada provincial por Cambiemos, Gabriela Lena, por una operación inmobiliaria que impulsó Panozzo siendo intendente por la cual benefició a parientes de funcionarios y amigos en la venta de tierras fiscales a precios irrisorios, según la denuncia.

La historia dice que en el año 2000 la Comuna de Chajarí adquirió los terrenos donde hoy funciona el complejo termal de la ciudad. Con posterioridad a esa adquisición, la Municipalidad fue vendiendo una importante cantidad de lotes a distintos inversores, con el fin de promover explotaciones turísticas y de alojamiento con idénticos fines.

En sentido similar, desde 2010, señalan los denunciantes, se fueron sucediendo distintas ordenanzas que habilitaban al Departamento Ejecutivo municipal a la venta promocionada de lotes “para la construcción de bungalows y cabañas de uso particular”.

El problema, concretamente, comienza en 2013 y se agudiza al año siguiente. “Comenzaron a surgir algunas operaciones con determinadas características comunes, cuya falta de transparencia e ilegalidad saltan a la vista y, por ende, corresponderá investigar si han traspasado al ámbito de lo delictual”, detalla la denuncia.

En rigor, en 2014, de acuerdo consta en una serie de decretos contenidos en la denuncia judicial, se presenta “la venta de terrenos …con los siguientes puntos en común: a) falta total de facultades del Departamento Ejecutivo para proceder a la venta directa de bienes municipales (cf. art. 99 inc. A ley 10027 y art. 80 Const. Pr.), b) precio irrisorio, c) los compradores serían familiares o allegados a funcionarios municipales de jerarquía”.

Ninguno de todos ellos ha dado un paso al costado ni se ha tomado licencia, a pesar de que la Justicia ya está tras sus pasos.
Entre Ríos Ahora.

Paula Ravier

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