Está lista la ley para recuperar plata y bienes de la corrupción

La lucha por la transparencia
El Estado tendrá veinte años para descubrir y retomar a través de un juicio bienes de origen ilícito.

El yate que la Justicia le atribuye al ahora detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, amarrado en el balneario uruguayo de Piriápolis hace dos años.

El paquete de leyes anticorrupción con que el Gobierno intenta calmar la demanda social para acabar con la impunidad, cuya primera herramienta será la ley del arrepentido que Clarín adelantó el viernes, incluye otra norma que le permitirá al Estado recuperar los fondos, bienes, empresas y títulos que estén a nombre de personas o empresas que los hayan adquirido gracias a cualquier actividad ilícita.

El nombre técnico de esta operación, que el proyecto prevé sea realizada a través de un juicio paralelo a otras demandas penales y civiles, es “extinción de dominio”. No se trata de una expropación ni mucho menos de una compra (el Estado no dará contraprestación o compensación alguna a los corruptos). El proyecto de ley que elaboró la Oficina Anticorrupción y al que accedió este diario enumera qué bienes podrán ser “recuperados” por los argentinos: aquellos que sean “producto de actividades ilícitas”, que sean su “instrumento” (por ejemplo un avión o un auto que se utilice para transportar dinero o drogas) o que tengan un origen legal pero hayan sido mezclados con otros ilegales o utilizados para ocultarlos. También quedarán bajo la lupa del Estado “bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elecmentos que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas”, o aquellos “que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los anteriores bienes”

No es todo: si el trabajo de escamoteo de los corruptos fue lo suficientemente prolijo, el Estado podrá ir por aquellos “bienes de origen lícito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes” de cuyo origen ilegal se tiene certeza pero no es posible localizarlos, identificarlos, incautarlos o embargarlos o cuando un tercero los haya comprado de buena fe. Es decir, por ejemplo, que si alguien hubiera adquirido limpiamente el yate cuya titularidad la justicia cree que corresponde a Ricardo Jaime, y que el ex funcionario lo obtuvo ilicitamente, la justicia no se lo quitará. Pero cargará en su cuenta un monto similar al costo del barco.

“Se entenderá por bienes sujetos a extinción de dominio todos los que sean susceptibles de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, materiales e inmateriales, sujetos a registro o no, documentos o instrumentos jurídicos que acrediten la propiedad u otros derechos sobre los bienes mencionados, o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria provenientes de las actividades ilícitas”, describe el proyecto. Y aclara que el concepto de actividad ilicita para esta ley no requiere de una condena previa que lo certifique.

¿Quién impulsará el juicio de extinción de dominio por parte del Estado? La Procuración del Tesoro de la Nación, por iniciativa propia, de los fiscales o “de cualquier persona u organización, funcionario u organismo público” que tenga conocimiento de un acto de corrupción. La OA podrá ayudar a la Procuración a localizar e identificar los bienes a recuperar, porque la demanda judicial debe incluir esos datos y también los que vinculan a los bienes con las personas o empresas que los obtuvieron a través de la corrupción.

Durante el juicio, que será conducido por el juez civil y comercial federal correspondiente, el acusado podrá oponer sus propias pruebas o negociar una sentencia anticipada. No podrá apelar al secreto fiscal, bursátil o profesional para defenderse, y mediante sendas reformas al Código Civil y Comercial la AFIP, la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Investigación Financiera tendrán la obligación de entregar al juez que lleva un caso de extinción de dominio todos los datos que le pidan. Un detalle: si el “ladrón” de los bienes murió o los legó, sus herederos igual deberán responder por ellos.

El proyecto de ley también ofrece una recompensa a quienes hubieran intervenido aportando datos y pruebas para identificar el botín de los corruptos. Según el grado de esa colaboración, el juez puede darles hasta un 20 por ciento del valor de los bienes que ayudaron a recuperar. Si por hacerlo corren riesgo su vida o su trabajo, el Esado debe protegerlo. Pero si la informacón que aporta es falsa, deberá afrontar el costo de los daños.

De aprobarse, la ley establece un plazo de aplicación de veinte años a partir del momento en que se descubre su origen ilícito y -atención kirchneristas y menemistas- es retroactiva hasta el mismo lapso de veinte años.

Para manejar y luego vender los bienes recuperados a través de ramates, la ley crea la Agencia de Administración y Subasta de Bienes Recuperados de Actos de Corrupción, que funcionará como un ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Justicia. Los fondos recaudados serán destinados en partes iguales a programas de transparencia y lucha contra la corrupción, fortalecimiento de las instituciones con competencia en la prevención, investigación y persecución de los delitos contra la administración pública e inversiones en infraestructura y equipamiento en materia educativa.” El resultado de esos remates deberá ser publicado durante tres días en el Boletín Oficial, y también en el sitio web de la Agencia.
clarin

Paula Ravier

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