Guardia urbana de Concordia, trabaja bajo una total ilegalidad por parte del municipio

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“Funciona sin ley y con atribuciones que corresponden a la Policía de Entre Ríos” reveló la Revista Análisis. Su máximo responsable “es policía y funcionario a la vez, algo que va contra la ley que regula la actividad policíaca”.

Pasarello hablando con Enrique Cresto
“En Concordia existe una especie de policía municipal disfrazada bajo el rótulo de Guardia Urbana” afirma Análisis. A renglón seguido, la investigación periodística detalla presuntas “irregularidades” que colocarían a esta área municipal fuera de las leyes.

El cuerpo se compone de exagentes de la Policía de Entre Ríos (PER) y jóvenes que no encontraron otra salida laboral. Todos ellos están contratados de manera precarizada a través del monotributo y perciben un salario de 12 mil pesos.

Según Análisis, la Guardia Urbana fue ganándole espacio a los adicionales de la PER y esto generó profundo malestar en la fuerza policial. Además, el Poder Ejecutivo de Concordia no ha logrado los consensos necesarios para que sea el Concejo Deliberante quien apruebe este cuerpo de seguridad, es decir que está en funciones sin el aval legislativo.

Esta “policía municipal” está a cargo del director de Prevención y Seguridad del Municipio, Diego Pasarello, quien es agente de la PER, violando la ley que regula la actividad policial en la provincia: no puede ser policía y funcionario a la vez. Por este doble rol, percibe dos salarios que suman 50 mil pesos. Además, Pasarello está en el puesto 54 del orden de mérito para que lo asciendan en la PER, tras un primer ascenso firmado por el entonces ministro de Gobierno, Mauro Urribarri.

El informe de Análisis se respalda en las denuncias efectuadas por “dos de los concejales opositores”.

La Guardia Urbana de Concordia está integrada por un plantel de -al menos- 60 personas, aunque hay quienes aseguran que llegan al centenar. Estos ‘guardianes’ conforman lo que puede entenderse como una Policía Municipal, aunque no se rotula de esta manera porque “la ilegalidad sería evidente” enfatiza Análisis.

La publicación tomó testimonios de distintas fuentes que señalaron que dicho plantel está compuesto por expolicías sumariados, retirados y otros sin capacitación para brindar seguridad. Es decir, “una bomba de tiempo”, califica.

Además, la Guardia Urbana fue creada por decreto, sin que la discusión legislativa haya concluido. El proyecto de Ordenanza ha mutado a lo largo del tiempo, porque fueron surgiendo incompatibilidades entre la idea original y lo que realmente se puede hacer. Fueron los concejales Carola Laner (Frente Renovador) y Esteban Benítez (UCR) los que fueron marcando las irregularidades que han provocado las modificaciones del proyecto del intendente Enrique Cresto.

“Este proyecto de Guardia Urbana fue mutando y fue pasando por diferentes deformaciones. Es porque pasamos de tener un proyecto de ordenanza original en donde se podía ver a una especie de agentes ‘símil Fuerzas Armadas’ con rango de empleados municipales, que podían portar desde ‘tonfas, esposas, precintos y gases’, que además podían hacer arrestos particulares. Después pasamos a hablar de una unidad de prevención y seguridad, cuasis placeros que se encargaran del cuidado de las plazas. Y terminamos en una especie de caja compensadora, que busca ayudar a quienes están sin trabajo, o a quienes cobran como jubilados de la provincia y así se ganan un dinero extra”, señaló la concejal Laner en su momento.

Si bien se dice públicamente que estos agentes no pueden llevar a cabo acciones típicas de la policía (detenciones, portación de armas, etc.) hay quienes aseguran que esto no es así en los hechos: “En la realidad, son como la policía pero sin contar con la legalidad que los respalde”, aseguró un dirigente político de base. De hecho, hay fotos que muestran que agentes de esta guardia portan armas, aunque no se puede comprobar que esto sea generalizado: “Puede ser que los que tienen armas tengan la portación legal a modo particular”, analizó.

En los hechos, la Guardia Urbana acciona como la policía: “De hecho, aplican la misma lógica de distinta vara. En los barrios, por ejemplo, a los narcotraficantes no los tocan, pero si ven a un pibe fumando un porro si lo persuaden”, ejemplificó un militante social.

Un ejemplo de esto fue la actuación de la Guardia Urbana en la fiesta del estudiante, donde ante los habituales desmanes de los jóvenes, integrantes de la solapada policía municipal intervinieron como si fuesen la policía. De hecho, padres de estudiantes confirmaron a Análisis que integrantes de la Guardia Urbana requisaban mochilas, carteras y otros elementos personales de los jóvenes.
Además, tuvieron y tienen a cargo parte de la seguridad de los carnavales de Concordia previstos para este mes de febrero.

Otra de las irregularidades es que los integrantes de la Guardia Urbana son monotributistas, es decir, trabajadores precarizados que están a cargo de tareas de seguridad que no le competen al Municipio. Se calcula que el salario de cada uno de los integrantes es de alrededor de 12 mil pesos.

Lo económico es clave en esta cuestión: el Municipio se ahorra gran parte del dinero que era destinado a los adicionales de la Policía de Entre Ríos (PER). Esto generó un profundo malestar en la fuerza policiaca porque significa un recorte encubierto del presupuesto para la PER. “Si bien pagaban con dos o tres meses de demora, los adicionales son una importante fuente de ingreso de los policías”, confió alguien de la fuerza.

Al ser monotributistas, los integrantes de dicha Guardia no pueden responder por sus actos como funcionarios del Municipio. De esta manera, se está actuando bajo un marco de total irregularidad que se podrá ver con mayor evidencia si es que ocurre un hecho que haya que lamentar. Estamos hablando de una fuerza de seguridad encubierta y sin los debidos reparos que deben tomarse a la hora de garantizar derechos básicos de la ciudadanía. Sin una ley provincial que lo habilite, sin una ordenanza que lo avale.

El problema es que la iniciativa cuenta con cierta legitimidad por parte de la comuna. Con la creencia de que la mayor presencia de agentes -sea del tipo que sea- se garantiza la seguridad, parte de la sociedad concordiense está de acuerdo con la presencia de la Guardia Urbana, dejando de lado estas irregularidades señaladas.

Eventos públicos, la recorrida por los barrios, la seguridad en la costanera, etc.; todo está bajo la órbita de la Guardia Urbana. A modo de ejemplo, es esta policía municipal la que ‘protege’ los comedores comunitarios de Concordia.

“Yo sinceramente tengo disidencias muy claras con este proyecto, y no quiero terminar autorizando un estado policial encubierto, sin ningún tipo de formación. Acá tenemos que ser consciente que ante cualquier problema, el municipio deberá responder ante cualquier eventual falla de las personas que cumplan esa función. Y, decididamente, estamos interviniendo en cuestiones que son estrictamente de la órbita provincial. Por lo que tengo mis serias reservas las facultades constitucionales y legales”, señaló en una de las discusiones la edil del Frente Renovador.

Existen otros departamentos de la provincia donde funcionan grupos de Guardia Urbana (Maciá, Uruguay y Gualeguay son algunos) pero hasta el momento no se han detectado ni denunciado la cantidad de irregularidades señaladas en este artículo en relación a la concordiense.
Denunciaron incompatibilidades de quien está a cargo.

Diego Pasarello es el Director de Prevención y Seguridad del Municipio. Está bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno de Concordia. Su dirección fue creada a finales del gobierno municipal de Gustavo Bordet y profundizada en tiempos de Enrique Cresto. Bajo su ámbito funciona esta Guardia Urbana.
La Guardia Urbana desfilando un 9 de Julio

“La Subsecretaria de Seguridad Ciudadana se crea mediante ORDENANZA Nº 35.597 de fecha 26 de Noviembre de 2015, la cual, establece en su Art. 3° “. . . Que es competencia de esta área, coordinar y organizar las actividades necesarias para el cumplimiento de la política municipal en lo referente a la gestión de la seguridad ciudadana, fijando criterios comunes con otros organismos de orden público y privado, provincial y nacional, Fuerzas de Seguridad, Policías Provincial y Federal y la Justicia para la prevención del delito como la utilización de cámaras de seguridad ciudadana – Sistema 911 u otros-, botones antipánico, control urbano con distintos grados de intervención, alarmas comunitarias, senderos seguros, policía local y todos aquellos programas que se consideren y sean compatibles con su objetivo principal. Representa al Presidente Municipal, conjuntamente con la Secretaría de Gobierno en el Consejo Municipal de Seguridad Local Preventiva. Se relacionará con el Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobierno”, señala en su web el Municipio de Concordia sobre el área que tiene a cargo Pasarello.

El funcionario que cobra un salario del Municipio de 25 mil pesos fue señalado por cumplir funciones que son incompatibles y percibir un doble salario que consagra dicha irregularidad. Es policía y figura como adscripto al Municipio. Por su cargo en la Policía cobra otros 25 mil pesos, lo que hace que Pasarello reciba por este doble rol un ingreso mensual de 50 mil pesos.

De hecho, los concejales opositores señalaron esta incompatibilidad allá por septiembre del año pasado. Lo hicieron con la ley en mano: “Ningún funcionario policial podrá aceptar funciones públicas electivas o participar en las actividades de los partidos políticos”, dice el artículo Nº 12, inciso N de la Ley provincial N°5654 que regula el Reglamento general de Policía de Entre Ríos.

“La figura del adscripto sirve para ser seguridad de algún funcionario, pero no para ser funcionario. Pasarello cobra dos salarios, el del Municipio y el de la Policía de Entre Ríos. Debería haber pedido licencia sin goce de sueldo en la PER para cumplir la función de Director de Prevención y Seguridad de Concordia”, explicó una fuente ligada a la fuerza de seguridad provincial.

Pero además, el doble rol de Pasarello entra en crisis con la Ley de Incompatibilidades (N°7.413) de la provincia, que en su primer artículo señala: “El personal de la administración pública provincial que a la fecha de la presente ley, desempeñe más de un empleo en la misma o en la administración pública nacional o municipal, ya sea que dicha acumulación se produzca en una o más de las citadas administraciones, deberá optar por uno solo de los empleos”.

En la misma ley se señala que “el personal que encontrándose comprendido en las disposiciones de la presente ley, incumpliere con las obligaciones que ella o su reglamentación impone o que realizare acto tendiente a alterar, ocultar o disimular de cualquier forma su verdadera situación de empleo en la administración pública nacional, provincial o municipal, incurrirá en falta grave pasible de la sanción de cesantía”.

Esta situación ha generado una tensión significativa entre Pasarello y la PER de Concordia. “No responden a los llamados de urgencia”, explicó un representante político.

La quita de las horas de adicionales y la posición de Pasarello no ha hecho más que aumentar la presión en la caldera de la Policía concordiense. De hecho, otra de las cosas que causó malestar es que el funcionario en cuestión no sólo cumple dos funciones, sino que está a la espera de recibir un ascenso dentro de la PER. Es decir, sin cumplir las funciones habituales de un policía, Pasarello está en el puesto 54 del orden de mérito para ser ascendido, por delante de un centenar de funcionarios policiales que cumplen sus funciones habituales en la calle. Pasarello ya había sido ascendido gracias a una gestión del intendente Enrique Cresto con el entonces ministro de Gobierno, Mauro Urribarri.

“Si bien la seguridad no es competencia directa del Municipio, para el intendente Enrique Cresto es prioritario que se trabaje en conjunto, apoyando desde nuestro ámbito y desde nuestras posibilidades las políticas que llevan adelante el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional, a través de las distintas fuerzas de seguridad”, había dicho Pasarello allá por marzo del año pasado. Sin embargo, esa articulación entre las fuerzas de seguridad y el área que dirige Pasarello no se está dando y más bien lo que surgen son una serie de incompatibilidades que muestran la irregularidad de la iniciativa, asevera Análisis.

Detalle del Presupuesto 2018
La revisa Análisis se mostro sorprendida por un dato que tiene que ver con lo presupuestario.

Ante la consulta periodística a distintos concejales de Concordia, se informó que el Presupuesto 2018 -que prevé un gasto a penas inferior a los dos mil millones de pesos- no fue votado con el detalle de a dónde va la plata. Es decir, ante la necesidad de averiguar cuánto dinero está destinado al organismo que comanda Pasarello, no se pudo acceder a la información porque los concejales votan el presupuesto general y luego es el Ejecutivo el que dispone cuánto va a cada dependencia.
Fuente: Análisis Digital

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Esto me parece que es algo parapolicial?estos experimentos siempre terminaron mal en todos los lugares que se trató de hacer una fuerza de choque paralela..Entre Ríos tiene policía,no se el motivo para nombrar gente al borde de la ilegalidad .

Lo mismo con los acap!!
Hasta llevaron un loquito que le pego a quien estaba tomando el curso.
Es una lastima porque para limpiarse los van a despedir y hay muy buena gente trabajando en la guardia.
Estan desprotegidos ya q si ocurre un insidente no los cubre nadie…son minotributistas.
En los carnavales cuantos acap acreditados y con los papeles al dia hay??
( antecedentes..ex policias etc )