Jardinero K dice que vive “una persecución política”

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Ricardo Barreiro comenzó a ser juzgado este lunes en Paraná por el delito de falsificación ideológica en documento público, para el cual el Código Penal establece de 1 a 6 años de prisión. Aseguró desconocer el decreto de su designación.

La primera audiencia del juicio oral y público contra Barreiro se inició puntual a las 9 en los Tribunales de Paraná, presidida por el juez Correccional Pablo Vírgala, dado que la causa comenzó a tramitarse antes de la puesta en vigencia del nuevo código de procedimientos penales. En primer término, se le leyeron al imputado sus datos filiatorios y una descripción de los hechos que se le adjudican.

Puntualmente, se lo acusó de omitir en octubre de 2012 en la declaración jurada que suscribió para inscribir su empresa RP Transporte SA en el registro de proveedores del Estado entrerriano su condición de funcionario del Ministerio de Cultura y Comunicación, designado por un decreto de agosto de ese año firmado por el entonces gobernador Sergio Urribarri y el ex ministro Pedro Báez. A la designación, que se formalizó con carácter de ad honorem, se le añadió en noviembre otro decreto por el cual Barreiro quedó autorizado para percibir viáticos. La incompatibilidad surge porque RP Transporte SA ganó una licitación pública del Ministerio de Turismo, entonces a cargo de Hugo Marsó, y en diciembre de 2012 cobró 220.000 pesos por el alquiler de micros que se usaron para llevar alumnos entrerrianos a Tecnópolis.

Para la acusación, ejercida por el fiscal Alejandro Joel Cánepa -dado que Rafael Cotorruelo fue designado en las últimas horas en la vocalía del Tribunal de Juicio y Apelaciones que quedó vacante por la asunción de Miguel Giorgio en el Superior Tribunal de Justicia (STJ)- la conducta descripta encuadra en el delito de falsificación ideológica de documento público tipificada en el artículo 290 del Código Penal.

Para Barreiro, que comenzó su declaración a las 9.20, no hay delito alguno, dado que él desconocía la existencia de su designación por decreto y por eso no mencionó nada al tramitar la incorporación de su empresa al registro de proveedores. “Llego muy triste a esta instancia porque todo es injusto”, sostuvo al iniciar su alocución de unos 10 minutos, asistido por los abogados de Paraná Candelario Pérez y Raúl Barrandeguy. Luego, durante otros 20 minutos, respondió preguntas de las partes.

“Soy empresario de transporte y de turismo, pero también peronista y militante de años, no lo voy a negar”, se presentó Barreiro, antes de contar que en el ámbito de la militancia conoció a Sebastián Lorenzo, a quien describió como “un compañero al que aprecio mucho”. Tras relatar distintas etapas de la relación que, según dijo, comenzó cuando Lorenzo estaba al frente de la Escuela Nacional de Gobierno dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación en tiempos en que Aníbal Fernández ocupaba ese cargo, en la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Barreiro llegó al momento en que Lorenzo le comentó que iba a trabajar en Entre Ríos y le pidió ayuda.

“Arrancaba con este proyecto nuevo de las industrias culturales y no tenía ni oficina, ni celular, ni nada, así que me ofrecí a ayudarle con gestiones diversas para lo cual fui varias veces a Entre Ríos en avión, en colectivo o en mi auto, sin recibir un solo peso a cambio. Vine, colaboré, hice gestiones que dieron resultado, por eso me pone triste esta situación”, relató.

Barreiro contó luego que Lorenzo le comentó la posibilidad de brindarle algún instrumento que le evitara cuestionamientos a la hora de gestionar en nombre de la provincia, pero él se negó. “Le dije que no quería nada, que iba a colaborar de todas maneras. Yo soy empresario y no necesito que la provincia de Entre Ríos me pague nada”, reforzó.

Más adelante, indicó que tenía micros ociosos en su empresa, que se enteró de una licitación pública del Gobierno de Entre Ríos y que decidió comprar el pliego. “Ya estando en El Calafate, me llamaron para decirme que tenía que estar inscripto en el registro de proveedores, así que tuve que volver a Paraná para hacer ese trámite”, recordó.

“Me presenté y me dijo la funcionaria que había que firmar un formulario. Yo ni supe que era una declaración jurada. Como no sabía nada sobre mi supuesto nombramiento, firmé el formulario, que ya estaba hecho. Lo único que hice fue firmar”, insistió Barreiro, al tiempo que se quejó de que no es su letra la de la declaración jurada, sino que él firmó solamente la última hoja. “Quiero que se tenga en cuenta eso, señor juez”, pidió. Luego consideró que quien lo atendió debería haber determinado en ese momento si él era funcionario o no, pero “nadie dijo nada, absolutamente nada”.

Barreiro señaló luego que cobró menos de lo que costaba el servicio, que le devolvieron los micros sucios y rotos y que incluso debió pagar una multa de 7.000 pesos por no presentar una garantía. “Aún así no reclamé nada, entendí que los transportados eran chicos, retiré los vehículos y me fui a mi casa”, sostuvo. “Me siento orgulloso de que 2.000 y pico de chicos hayan conocido Tecnópolis. Eso me hizo bien como persona. Pero ahora se me juzga por una firma, sin tener en cuenta el beneficio para la provincia”, hizo notar.

“Considero que todo esto es una falacia. ¿Les parece justo que yo esté sentado acá? En algún momento alguien tendría que haber sabido que yo era funcionario. Pero no. Me enteré por un abogado de acá que se convirtió en periodista de investigación, tomó esos documentos y se enteró antes que yo de que yo era funcionario”, expuso, en relación al letrado parananese Guillermo Mulet, denunciante en la causa.

“Yo me enteré por los medios. ¿Esto no es persecución política? Si yo fuera de acá quizás nadie se hubiese preocupado de esto, pero como vengo con una carga política, se ocuparon de esto para producir daño”, objetó nervioso, antes de insistir con que nunca fue notificado de ninguna designación como funcionario. “Me enojé mucho con Lorenzo cuando sucedió todo esto. No quiero ser grosero, pero me molesté mucho”, confió luego.

-¿Lorenzo le propuso ser funcionario de la provincia?- preguntó Cánepa.

-No. Me preguntó si quería alguna “chapa” para poder gestionar y le dije que no. Me dijo que me iban a buscar alguna manera de ser algo ad honorem. No me dijo funcionario. Nunca supe lo que me dieron, no tengo idea, pregúntenselo a él –respondió Barreiro.

Consultado sobre la licitación, dijo el imputado que se enteró “en un viaje a Entre Ríos”, ya que su empresa “busca estas cosas”. “Alguien me dijo, pero no me acuerdo quién. Compré el pliego como cualquier hijo de vecino”, expuso. Luego, se le preguntó si conocía a un funcionario de nombre Aníbal Beorda y respondió que lo conoció “en la Secretaría de Turismo”, pero negó tener relación. “Sólo le pedí un informe sobre cómo funcionaban algunas cosas”, explicó, antes de que el fiscal le exhibiera un documento en el cual Beorda figura como la persona que compró el pliego para la licitación. Sobre el final de la audiencia, en una breve ampliación, Barreiro admitió que conocía a Beorda, pero por su apodo “Anibalito” y de este modo intentó aclarar la confusión.
Los testigos: dos ex ministros y un ex funcionario
A las 10 entró el primer testigo: el diputado provincial Pedro Báez (FpV), por entonces ministro de Cultura y Comunicación. A pedido del fiscal, explicó qué es el Ceicer y describió sintéticamente el organigrama de la cartera a su cargo y el volumen de trabajo, al que describió como “febril”.
Sobre la causa, dijo saber: “Hay un cargo respecto de alguna incompatibilidad que podría haber habido para que el señor Barreiro sustanciara algún contrato con el Estado provincial, dado que en 2012 formalizamos una relación que vehiculicé a instancias del entonces titular del Ceicer, que me planteó que le diéramos alguna institucionalidad al rol de Barreiro en términos de facilitador de gestiones ante el gobierno nacional. Ese rol sería a título gratuito por lo que me pareció que no revestía ninguna objeción, lo gestioné ante el Poder Ejecutivo y se sancionó el decreto correspondiente”, sintetizó.

Báez dijo que a Barreiro se lo presentó Lorenzo e indicó: “Como todos saben, Barreiro es un hombre que proviene del sur, donde compartió tareas con el ex presidente Kirchner, por lo que tenía llegada y muchos conocidos en el Estado nacional, lo que fue determinante porque desde el interior muchas veces se nos hace difícil gestionar”.

-¿Podría precisar como fue el trámite de la designación? –preguntó Cánepa.

-Me resulta dificultoso. Para el decreto teníamos un mecanismo. Le habré pedido de manera verbal a algún colaborador, que no recuerdo si fue el encargado de despacho o la subsecretaria de Asuntos Administrativos, formalizar esta relación-, contestó Báez.

-¿Qué vigencia tuvo esa designación?

-Desde 2012 hasta el final de la gestión. No hubo un instrumento que pusiera fin a ese decreto.

-¿Le comentó a Lorenzo que estaba hecho el decreto?

-No recuerdo. Ha pasado mucho tiempo. Nuestro ministerio emitía muchos decretos por semana. Yo gestionaba un decreto, lo firmaba y eso seguía un trámite. No recuerdo haberle comentado a Lorenzo.

-¿Recuerda cómo se dio lugar al decreto de reconocimiento de viáticos?

-A Lorenzo se le ocurrió que correspondía solventar los gastos de traslado que afrontaba Barreiro, pero finalmente no se hizo, nunca hubo ningún requerimiento ni de Barreiro ni de Lorenzo. Nunca se abonó ninguna comisión de servicio.

-¿Supo de la licitación de Turismo?

-Me enteré por la solución que significó dar respuesta a una demanda masiva de escuelas de ir a Tecnópolis.

-¿No tuvo oportunidad de decirle al ministro Marsó que había un decreto de designación?

-No-, respondió Báez y le dejó el lugar a Lorenzo.

El ex titular del Ceicer hoy dedicado a la actividad privada en la firma Think en sociedad con el publicista Ignacio Labarba, a cargo de la comunicación política y la imagen del ex gobernador Sergio Urribarri durante sus dos mandatos, comenzó a prestar testimonio a las 10.45. Dijo que con Barreiro lo une una amistad de 10 años y contó que cuando se vino a trabajar a Entre Ríos habló “con muchos compañeros, entre ellos Ricardo, para que me dieran una mano”.

“Enseguida empezó a colaborar. Nos hacía muchos contactos. Puse un pie en la provincia y estábamos a 20 días de que se hiciera una encuentro de la Región Centro de industrias culturales. Fueron cientos de emprendedores, gestionamos canjes, conseguimos pasajes, logramos rebajas en hoteles. Ricardo nos dio una mano grande. Hasta puso su auto”, graficó Lorenzo.

El ex funcionario contó luego que le propuso a Barreiro “que trabaje con nosotros formalmente”, pero el santacruceño se negó. “No quiso. No tenía tiempo, no podía, pero sí siguió dándonos una mano”.

-Si él no quiso, ¿por qué se dictó una designación? –indagó el fiscal.

-Le dije que íbamos a buscar alguna forma de representatividad ad honorem, algo para que cuando hablara con alguna autoridad no tuviera solo para decir que era un compañero o un amigo. Me dijo que sí y se lo trasladé al ministro. Pero de la existencia de un decreto me enteré cuando arranco este proceso judicial. Ahí supimos que había un papel. Informalmente le había hecho ese pedido al ministro y pensé que no había avanzado nunca eso. No recuerdo que el ministro me haya comentado nada.

-¿Sabe si Barreiro tomó conocimiento del decreto? –preguntó luego el defensor Barrandeguy.

-Me consta que tomó conocimiento junto conmigo cuando empezó este proceso legal. Él se desayunó ahí y me dijo ‘¿escúchame esto que es?’. Ahí empezamos a investigar para atrás para desandar el camino a ver qué había sucedido. Primero se enojó, después nos tomamos un café, le expliqué que yo tampoco sabía nada y se le pasó.

El ultimo en declarar, a las 11.10, fue el ex ministro Marsó, actual director de la Casa de Entre Ríos. Dijo que recordaba la contratación de micros en cuestión, que se hizo a través del área de Desarrollo Social de la cartera a su cargo. “Nos abocamos a llevar la mayor cantidad de gente posible a Tecnópolis, sobre todo escuelas, que de otra manera no hubieran podido. Así surgió la licitación que siguió todo el proceso normal”, indicó.

Dijo que no conocía a Barreiro, pero que sí se acordaba de la empresa. “Sé que se la multó por un problema legal del que no me acuerdo en detalle”, evocó, al tiempo que recordó que los precios ofrecidos eran convenientes para la provincia.

Quince minutos más tarde, se dio por concluida la etapa de producción de pruebas y el juez Vírgala dispuso un cuarto intermedio hasta este martes a las 9, jornada que estará destinada a los alegatos.
Análisis Digital

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Si el señor esta limpio que ponga todos los papeles en la mesa d,de que tiene miedo y si robó que devuelva lo robado yo me mató trabajando y pagando impuestos todos los meses y trabajo como burra, , ese señor puede decir lo mismo creó que no X ese motivo tiene miedo, yoooo me pregunto ese señor tendrá limpia la colaaaa! !!!