La ex presidente anticipó su decisión de pronunciarse

Sólo iba a hacerlo en el Senado si no podía frenar el debate. Todo indica además que el miércoles el tema llegará al recinto. Su reacción respondería al giro dado por ex funcionarios y empresarios allegados.

Cristina Fernández de Kirchner debió romper el muro de silencio que se había impuesto. Ayer difundió un texto y es probable que la semana que viene hable -con transmisión masiva, casi en cadena- desde su banca de senadora. No es un trazo menor en el cuadro que pinta el caso abierto por los cuadernos de las coimas, a ritmo de vértigo. Las novedades anotadas en las últimas 48 horas son tantas y tan ruidosas que seguramente la ex presidenta deba retocar el borrador preparado apenas unas horas antes de la fracasada sesión del miércoles pasado en el Senado.

La ex presidente hizo circular en las redes un escrito en el que buscó desacreditar a los distintos eslabones que va sumando la causa. Casi de pasada, descalificó sin nombrarlo al chofer Oscar Centeno, cuyos apuntes detonaron el caso: lo mencionó despectivamente como “remisero arrepentido”. Del mismo modo, aludió a Claudio Uberti, el ex funcionario que sumó datos a la descripción de un sistema de corrupción extendido a distintas áreas oficiales durante las gestiones kirchneristas. Lo mencionó como funcionario de “cuarta línea”.

Más texto dedicó al empresario Gabriel Romero, que declaró ante el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio haber pagado una coima de 600 mil dólares para lograr el decreto presidencial que le permitió mantener el negocio de la Hidrovía, en 2010. Fernández de Kirchner dijo que ella se “limitó” a lo que debía hacer después de un largo proceso administrativo y legislativo, como si el organismo que intervino en el trámite y el propio Congreso hubiesen actuado sin instrucciones políticas.

De todos modos, el despliegue de explicaciones y descalificaciones tuvo una lógica evidente, que tal vez deba ser ampliado con nombres propios de aquí al miércoles, día anotado por el Senado para definir si autoriza el allanamiento múltiple a domicilios de la ex presidente solicitado hace largo rato por el juez.

Al margen de la genérica afirmación sobre un caso más de persecución política, Fernández de Kirchner apuntó a restarle relevancia a los cuadernos del chofer, algo que en rigor ha sido superado largamente por la sucesión de declaraciones y otras pruebas con que contaría el juzgado, según se ha dejado trascender. Fue muy breve para restarle jerarquía, aunque desde el kirchnerismo duro se trabaja intensamente sobre ese punto con sugerencias variadas sobre la intervención de servicios de inteligencia.

Una de las últimas versiones va más lejos y sugiere una operación internacional para desbancar empresas nacionales y reemplazarlas por firmas estadounidenses en el negocio de la obra pública.

No importaría, claro, la veracidad de los apuntes, ni siquiera a la luz de otras medidas de prueba que van trascendiendo y las declaraciones de arrepentidos, que superaron por mucho el relato inicial de los aportes ilegales para financiar la política, circuito que por lo demás también existió.

Después del primer temblor generado por los textuales de los cuadernos y aquella tanda inicial de empresarios arrepentidos, se registraron dos quiebres de alto impacto. El primero, se ha dicho, fue producido por Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción, que detalló el sistema de cartelización, sobreprecios y pagos de coimas. El segundo, tuvo un anticipo limitado con Juan Manuel Abal Medina –ampliado por un ex colaborador suyo en la Jefatura de Gabinete- sobre los dineros negros para la campaña. Y agregó el capítulo de Uberti.

Sobre esos dos quiebres apuntó la descalificación de la ex presidente, con el agregado de su respuesta sobre Hidrovía. Es curioso, pero para tratar de descalificar la ruptura de pactos de silencio debió romper su propia estrategia de silencio. Parecía insuficiente frente a las páginas que suma la causa: las primeras estuvieron limitadas a obras públicas en el rubro de energía y después se fue ampliando a concesiones viales, subsidios al transporte, trasiegos con Venezuela y otros temas.

Dos problemas se sumaron en las últimas horas: posibles revelaciones sobre una parte del circuito financiero asociado a los “retornos” y la decisión de hablar tomada por José López, nuevo ex funcionario arrepentido. El ex secretario de Obras Públicas había sido descalificado desde el kirchnerismo con el argumento de que era un caso excepcional, además de cinematográfico. Ya no se trata del revoleo de bolsos repletos de dólares en un supuesto convento. Ahora habla de la red de negociados y coimas.

Tampoco estos serían datos menores para el peronismo. Cuesta entender cómo fue pensada la actitud mayoritaria de los senadores del PJ, que el miércoles pasado expusieron a Miguel Angel Pichetto con raleado acompañamiento para votar el visto bueno a los allanamientos solicitados por Bonadio. El fracaso de la sesión, por falta de quórum, expuso al PJ como blindaje de la ex presidente.

No se trató de una primera reacción frente a las noticias iniciales de la causa, sin contar que al menos algunos de ellos habrían recibido señales de que algo así iba estallar, incluso antes de que llegaran los rumores a la primera línea del Gobierno.

Pero ya un día después de la fracasada sesión del Senado, las posiciones habían empezado a cambiar. Y esas señales fueron reforzadas ayer, en medio del nuevo vendaval de la causa. José Mayans, que viene jugando su interna contra Pichetto –lo hizo también al trabajar por el rechazo a la legalización del aborto-, negoció con la ex presidenta y esta vez colaboraría para que haya quórum.

En el más amplio territorio de los gobernadores del PJ, las fisuras también empiezan a ser visibles. Algunos han privilegiado sus viejas relaciones con la ex presidente: es el caso del formoseño Gildo Insfrán y el de la catamarqueña Lucía Corpacci. Otros cuidan el equilibrio interno en sus dominios pensando en el año electoral que viene, como el tucumano Juan Manzur. Y otros más, el cordobés Juan Schiaretti o el salteño Juan Manuel Urtubey, siguen pensando en una imagen más renovadora.

Desde el kirchnerismo, siempre recuerdan que las inversiones destinadas a Planificación fueron aprobadas en cada Presupuesto durante años y que cada provincia, aún a cambio de alineamiento político, logró beneficios en el reparto de obras públicas. Sugiere más de lo que dice, aún en días de arrepentidos.
Infobae

Paula Ravier

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