La justicia entrerriana, en la mira

Los escándalos relacionados a casos de corrupción en Entre Ríos explotan en los diarios y sitios periodísticos, pero no logran inmutar a jueces y fiscales provinciales. ¿Por qué no se animan a arremeter contra el poder político?

La ola de causas judiciales que ponen en el banquillo a dirigentes políticos de máximo nivel (desde Macri y Cristina Fernández para abajo) parece no hacer mella en las tierras de Urquiza. Los jueces y fiscales provinciales, apenas si dan pequeños pasos en unas pocas causas que, por obscenas, no dejan margen al Poder Judicial para hacerse el distraído.

La corrupción, a la orden del día
Mientras se aceleran las investigaciones de casos de corrupción en el plano nacional, la Justicia entrerriana parece no tomar nota de la demanda ciudadana. Muy a pesar de ello, las denuncias periodísticas dan cuenta de sobrados elementos de sospecha sobre desmanejos de dineros públicos que inundan las páginas de diarios, revistas, semanarios y sitios digitales.

Lo que la justicia entrerriana por el momento prefiere desconocer ya se ha instalado con fuerza en el seno de la sociedad civil que empieza a mirar cada vez con más atención el comportamiento de jueces y fiscales provinciales que deben impulsar las investigaciones de estos casos.
Sólo para repasar algunos de los más resonantes, vale recordar que se gastaron más de 18 millones de pesos asociados al proyecto del mega-estadio de fútbol que Urribarri pretendía construir en Paraná. Y sin embargo, no se colocó un solo ladrillo. ¿No vale la pena investigar en qué se gastaron esos fondos? Ya que estamos en el mundo del fútbol, esta semana se conoció el aporte de $250.000 de un subsidio otorgado por el entonces Gobernador a su vicegobernador, José Cáceres, en su carácter de titular del Club Atlético Paraná para que pagara los premios a los jugadores por el ascenso al Nacional B. ¿No amerita al menos investigar si se trata de una maniobra legal, si el mismo funcionario que autoriza de un lado el giro de fondos es el destinatario de esos mismos fondos? ¿No se trata del mismo criterio que regía para Aníbal Fernández como Jefe de Gabinete que administraba discrecionalmente los fondos del Fútbol para Todos y se otorgaba a sí mismo partidas para el club Quilmes que él mismo presidía?

Sobran sospechas, falta investigación
En esta línea, también se inscribe la denuncia por enriquecimiento ilícito contra la familia Urribarri cuyo jefe de hogar no ha tenido más actividad que la remuneración como funcionario público desde hace más de tres décadas. ¿Se puede adquirir campos, construir propiedades fastuosas y participar de varias sociedades comerciales si sólo se cuenta con el sueldo de funcionario? Sin anticipar dictamen alguno, está a la vista que el tema amerita ser investigado, cosa que la justicia ha preferido no hacer por el momento. Lo mismo pasa con las cuestionadas contrataciones directas para la denominada “playita de Urribarri” en Mar del Plata (foto) o a Miguel Marizza y sus variados servicios (vallas, catering, recepción, etc.) para la “Cumbrecita” del Mercosur que se desarrolló en Paraná, donde nadie se explica cómo el empresario recibió 12 millones de pesos por servicios que desarrolló en un día y medio. ¿No habría que investigar acaso?

De este modo podemos seguir enumerando otras tantas causas como la dilatada investigación por las cosechadoras truchas de la firma Grandes Máquinas S.A. que desembarcó en Concepción del Uruguay prometiendo la revolución productiva con la fabricación de cosechadoras que nunca funcionaron. Al estilo del viejo juez Casanelo, a paso de tortuga, esta es una de las pocas causas que avanza. Mientras tanto, también duermen las denuncias por los vuelos no registrados a Panamá del exgobernador Urribarri, o los vínculos del chofer que transportaba cocaína en un auto oficial; o los contratos de la empresa de publicidad Think Grupo de Comunicación SRL que administró los fondos de la campaña presidencialista de Urribarri, y más tarde nos enteramos que quedó en manos de Sebastián Lorenzo y los mismos funcionarios que fomentaban la contratación de esa firma. ¿No hay datos suficientes en las investigaciones periodísticas de todos estos y otros tantos casos para abrir una investigación judicial?
La justicia, bajo la lupa

El escenario parece tan obvio y obsceno, que ya nadie duda en la necesaria complicidad de un sector importante del poder judicial con estas maniobras del poder político. En esa línea, ya hay dirigentes de Cambiemos que no se guardan nada y con todas las letras le ponen nombre a la situación. “Claramente la justicia entrerriana debe estar primera o segunda en el ranking de las justicias adictas al poder”, se despachó Mauro Vazón del PRO en el programa “Otra Sudestada que emite Radio Franca de Concepción del Uruguay.

El dirigente fue más allá aún y cuestionó también que “esta justicia entrerriana es adicta al poder, y a su vez los cargos se heredan por la sangre, como si estuviéramos en una nobleza”, advirtió Vazón. Por todo ello el referente del sector de Macri definió a “la justicia entrerriana es absolutamente perversa, en vez de salir a defender al Presidente del Colegio de Abogados que hizo una denuncia de corrupción y de aumento de bienes en forma sospechosa del exgobernador, salen a criticarlo y a decir que no había habido ningún acto intimidatorio contra el estudio jurídico del doctor Pagliotto sin haber investigado absolutamente nada”. Para Vazón está claro que “la propia presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos siguió una clara orden recibida de la política. Es vergonzoso lo que hizo, cuando lo que debiera haber hecho es ponerse al frente de la investigación de una afrenta contra el Presidente del Colegio de Abogados que denuncia a Uribarri por enriquecimiento ilícito”.

En esta misma línea se pronunció el Presidente de la UCR de Concepción del Uruguay, Ernesto Bulay, quien consideró que “En este momento hay una discusión muy fuerte sobre la lentitud o la rapidez que pueda tener el Poder Judicial. Pero en la provincia de Entre Ríos hay una suerte de tortuga elevada a la N, no se observa una actuación para poner claridad y que la población sepa lo que pasó en estos años”, alertó el dirigente radical. Para Bulay está claro que “acá había una suerte de connivencia entre el poder judicial y el Ejecutivo porque si no, no se entiende como estos casos escandalosos no han tenido claridad”.

Acciones para el cambio
Más allá de la necesaria requisitoria para que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias que reclama este tiempo histórico, también es cierto que todo el tejido institucional requiere ser revisado. Es por ello que desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) demandan una batería de cambios que apunten en tres sentidos: la prevención de la corrupción; la persecución penal de los casos de corrupción; y la restitución del dinero malhabido para que retorne a las arcas públicas. En esa línea, Fernando Bracaccini, uno de los coordinadores de ACIJ en temas de transparencia, adelantó en Radio Franca que las medidas que se requieren deben involucrar:
– mejorar el régimen de declaraciones juradas

– sancionar una buena ley de acceso a la información pública
– reformar el sistema de compras y contrataciones, para que no pueda ser burlada la licitación pública y que no prime siempre la discrecionalidad de los funcionarios que puedan designar al empresario o a la empresa que ellos quieran
– modificar el régimen de financiamiento de campañas políticas, entre otras.

Además, Bracaccini precisó que resulta necesario “contar con herramientas adecuadas para perseguir los delitos de corrupción, y eso requiere reformar un sistema procesal penal que está obsoleto, que es arcaico, es lento e ineficaz, ya que no tiene herramientas adecuadas para perseguir casos que son complejos”, expresó al ejemplificar con las rutas de coimas en paraísos fiscales, cuentas off shore y otras maniobras que requieren de investigaciones complejas.

Al final de la cadena, desde ACIJ también bregan por una Ley del Arrepentido y la Ley de recuperación de activos, que no es otra cosa que lograr que el dinero de la corrupción sea recuperado para que vuelva al Estado.

En esa misma línea, también en el plano local hay medidas que se orientan en este mismo sentido. Ernesto Bulay adelantó que Cambiemos trabaja en un proyecto de ordenanza para crear la Oficina Anticorrupción, con plenas atribuciones para requerir cualquier información del Gobierno Municipal y obrar en el contralor de los actos de Gobierno con independencia política. “El titular de la Oficina Anticorrupción debería estar avalado por la oposición en el Concejo Deliberante y debería ser una persona que garantice una mirada independiente en aquellos casos que tenga que investigar”, se explayó Bulay, sobre uno de los tantos mecanismos que refuerzan la red de controles institucionales para prevenir y combatir la corrupción, llamada a ser lamentablemente la vedette de estos últimos años de la vida política argentina.

Ya no parece haber margen de maniobra para que jueces y fiscales provinciales se hagan los distraídos con estas causas que indignan a los contribuyentes, que ven cómo sus aportes se fugan por vías non sanctas en la versátil operatoria que implementa la corrupción. Es evidente que la lupa está centrada sobre el accionar del Poder Judicial y la ciudadanía estará vigilando ese comportamiento en la investigación de los casos de corrupción.
el entre rios

Paula Ravier

Dejá tu opinión o comentario