Laura Alonso solicitará ser querellante en la causa Ciccone

En su carácter de titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso solicitará ser querellante en la causa que involucra al ex vicepresidente Amado Boudou por cohecho y negociaciones incompatibles para funcionario público.

Laura Alonso solicitará ser querellante en la causa Ciccone

La titular de la Oficina Anticorrupción considera que “el rol de la oficina es controlar el patrimonio de los funcionarios, entender los entramados de corrupción que puedan existir y asistir y recomendar políticas públicas el Ejecutivo”. Por tal motivo, se había adelantado que Alonso participaría “como querellante de algunas causas relevantes”, siendo el primero de ellos el de la causa Ciccone.

Alonso presentará un escrito en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, en el que se solicita que ella y el coordinador de investigaciones, José Ipohorski Lenkiewicz, se “constituyan como parte querellante” de la causa.

Según la ley 25.233, la oficina puede ser querellante en causas en las que “se involucran a funcionarios públicos nacionales en la posible comisión de delitos de acción pública” y se le atribuye al organismo la facultad de “promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada, y de las empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado tenga participación”.

Alonso envió a los funcionarios un protocolo que incluye cómo deben manejarse los funcionarios ante los obsequios que reciben, hasta que se adopte una “reglamentación específica al respecto”.

A partir de la nueva disposición, todo funcionario público que reciba un obsequio debe labrar un acta por cada regalo recibido. En el acta se debe incorporar: fecha de recepción del regalo; persona física o jurídica que realizó el obsequio, identificación del funcionario a quien está destinado el obsequio, e identificación del lugar u oficina donde quedará en custodia el obsequio hasta tanto se defina su destino.

Las disposiciones surgen teniendo en cuenta que la ley 25.188 de Ética Pública establece en su artículo 18 que “Los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones. En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática la autoridad de aplicación reglamentará su registración y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al patrimonio del Estado, para ser destinados a fines de salud, acción social y educación o al patrimonio histórico- cultural si correspondiere”.
MITRE

Redacción Concordia Directo

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