Legalización del aborto: Qué proponen los senadores que se oponen?

Federico Pinedo, Miriam Boyadjian y Guillermo Pereyra presentaron alternativas para frenar la propuesta que ya recibió media sanción en Diputados y comenzó a tratarse hoy en comisiones en el Senado

Tras la media sanción que la Cámara de Diputados le otorgó el 13 de junio último al proyecto de legalización del aborto, el Senado comienza este martes por la tarde a debatirlo en plenario de tres comisiones para definir el esquema de trabajo de las próximas semanas.

Sin embargo, las comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales deberán evaluar también otros tres proyectos alternativos, más escuetos que el que recibió sanción de Diputados, que no apuntan a la legalización de la práctica, aunque sí a su despenalización.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (PRO), impulsa dos de las tres alternativas. La primera, que presentó en soledad, consta de un único artículo en el que se propone una modificación del artículo 88° del Código Penal (que prevé entre uno y cuatro años de prisión a “la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare” y establece que “la tentativa de la mujer no es punible”) para ampliar la potestad de juezas y jueces a la hora de aplicar la pena.

El criterio para hacerlo sería “en atención a su edad, su educación, los motivos que la determinaron a actuar, especialmente la miseria o la imposibilidad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, y las consecuencias lesivas que hubiese sufrido como consecuencia del hecho”.

El segundo proyecto, que Pinedo presentó junto a la senadora Miriam Boyadjian (Movimiento Popular Fueguino), propone crear el programa “El Estado se Hace Cargo y te Acompaña” a través del cual las “mujeres embarazadas que decidan no asumir al momento de su nacimiento la crianza y patria potestad de sus hijos por nacer” recibirán “control, seguimiento y asistencia médica, sanitaria y, de ser necesario, habitación y alimentación” estatal a los fines, según establece, de salvaguardar su integridad y la del niño por nacer.

De acuerdo con este proyecto (expediente 1825/18), las mujeres “que tomen la decisión de dar en adopción a sus hijos por nacer”, deberán por tanto seguir adelante con la gestación, no tendrán obligación de “identificar al supuesto padre del niño o niña”.

Sin embargo, indica, si el padre “expresara por vía administrativa o judicial, antes de que el niño nazca, su voluntad de reconocerlo como su hijo, su decisión desplazará las decisiones de adopción anticipada que la mujer hubiese tomado” y, si se corrobora la paternidad, la mujer deberá completar la gestación y el niño “se inscribirá como hijo del padre biológico, sin consignarse su madre”.

La iniciativa de Pinedo y Boyadjian postula además que los niños que finalmente no sean adoptados sean “acogidos, alojados, alimentados, vestidos y educados a cargo del Programa (…) en hogares de acogimiento u otros hogares infantiles de gestión pública o privada”. Y, en su artículo 4, establece que las “beneficiarias” podrán “indicar preferencias sobre los aspirantes inscriptos en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción de la Ley 25.854, teniendo en cuenta las tradiciones culturales y religiosas”, que no podrán ser discriminatorias, y “podrán referirse, entre otras, a condiciones etarias, estado civil o nivel educativo”.

También proponen implementar una “campaña nacional permanente de promoción del embarazo responsable, de los derechos del niño por nacer y de los procesos de toda forma de acogimiento familiar” y que se garantice en cada hospital público “servicios de ginecología y obstetricia, un sistema de protección integral a la mujer embarazada” para “brindar asesoramiento, contención y apoyo psicológico a las mujeres que cursen embarazos conflictivos y/o se encuentren en situación de riesgo psicofísico, social o económico”.

Por otro lado, Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino) presentó el proyecto de “protección de la mujer con embarazo no deseado” (expediente 2001/18) que modifica la ley de adopción para generar procesos de adopción sumarísimos en los casos de mujeres que no deseen continuar con la gestación “a partir de que la mujer tome conocimiento de su situación de embarazo”.

En los fundamentos de la iniciativa el senador destaca que “la vida es un don de Dios” y que “por su carácter sagrado, debe ser respetada”. Además, señala que “el planteo que a nivel social se presenta como una dicotomía entre ‘Aborto legal’ o ‘Aborto clandestino’ es falaz” y que “ambos son lo mismo en su consecuencia final, ninguno da una opción por la vida”. “Esta es una pesada herencia que tiene que cargar una mujer en esta situación”, indicó.

El proyecto prevé que “menores de 13 años”, “mujeres embarazadas producto de una violación”, “adolescentes entre 13 y 16 años”, y “mujeres con embarazos no deseados” puedan acceder a “realizar una adopción en proceso sumarísimo, a fin de resguardar cada una de las vidas”.

Además, la discusión sobre la constitucionalidad de la ley, las diferencias entre legalización y despenalización, la discusión sobre la objeción de conciencia individual e institucional y las dudas sobre la cantidad de semanas y las edades en las que se podrá acceder a la práctica, van a marcar el debate antes de que llegue al recinto del Senado.

Incluso si el proyecto enviado por Diputados es modificado deberá volver a la Cámara baja y allí se deberán reunir la misma mayoría que reúna el Senado para que sean aprobadas las modificaciones.
Infobae

Paula Ravier

Dejá tu opinión o comentario