Al pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) para que Cristina Kirchner, Máximo y Florencia Kirchner, Lázaro Báez y otros doce acusados más vayan a juicio oral, se sumó el de la Oficina Anticorrupción (OA) como querellante y organismo del Estado. Así, la OA conducida por Laura Alonso pidió este viernes que la causa que investigó maniobras de lavado por $ 80 millones a través del negocio hotelero, avance hacia la próxima instancia.

La familia Kirchner quedó procesada por lavado de dinero a raíz de los negocios hoteleros que celebró con Lázaro Báez, responsable de administrar los centros turísticos hasta julio de 2013.

La empresa hotelera Hotesur SA se encuentra intervenida y en la actualidad la mayoría de los alojamientos turísticos que entre otras cosas celebraron contratos con Aerolíneas Argentinas, se encuentran sin actividad desde que la ex Presidenta dejó la Casa Rosada.

En este contexto, la UIF y la OA como querellantes y organismos del Gobierno, solicitaron que vayan a juicio oral los acusados en este expediente. Según fuentes judiciales, el juez Julián Ercolini dará por clausurada la instrucción en las próximas semanas y así, Cristina Kirchner sumará su quinto expediente elevado a juicio.

En el escrito de la OA al que accedió Clarín se sostuvo que existe una «trama delictiva diseñada por Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, Máximo Carlos Kirchner y Lázaro Báez», que incluía como «aspecto esencial del circuito de lavado la compra de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, hacia los cuales se direccionaron finalmente los fondos provenientes de los contratos fraudulentos de obra pública vial».

​​​Para adquirir el paquete accionario de la sociedad propietaria del hotel Alto Calafate y la propiedad de la hostería Las Dunas por los que debieron desembolsar la suma de U$S 4.900.000 y U$S 700.000, respectivamente, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner debieron contar con dinero líquido y de procedencia justificada -del que no disponían-, ya que debido a su función pública como ex presidente y presidenta de la Nación debían dar cuenta y declarar ante las autoridades competentes la incorporación de esos bienes a su patrimonio.

En la causa Hotesur, la hipótesis que se investigó es que los ex Presidentes y sus hijos recibieron dinero “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad”, lo que les aseguraba -según señaló el magistrado- poder declarar esos fondos ante el organismo anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen” supuestamente ilícito. Estas transferencias incluyen los 4,6 millones de dólares que la hija de Cristina Kirchner tenía en el Banco Galicia, embargados hace dos años.

Según el juez de la causa, Julián Ercolini, las supuestas maniobras comenzaron por la necesidad de Néstor y Cristina Kirchner de contar con dinero líquido “en blanco” para poder “justificar la compra de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas”.

Así, quedaron procesados y a un paso del juicio oral 20 imputados, entre ellos Cristina y sus hijos, como Lázaro Báez y su hijo Martín. Se los acusó de haber formado parte de «un complejo entramado societario» que se puso en marcha «para poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado (la causa de obra pública)».

Para lograr esto, según ya habían planteado los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques durante la investigación, los acusados “recurrieron a los fondos obtenidos junto con Lázaro Báez, por la asignación irregular de obra pública vial en su provincia de origen” (52 contratos por $ 46.000 millones) y “múltiples” negocios con las empresas del Grupo Austral”, con el fin de otorgarles a dichas operaciones comerciales, «apariencia de legítimas».

Hubo más de quince compra-ventas de terrenos y propiedades entre el empresario K y los ex Presidentes. Con dicho flujo de dinero, indicó Ercolini, «Kirchner -a través de su hijo Máximo- adquirió los hoteles.

El rol de Lázaro Báez

En una segunda instancia, para la “maniobra económica diseñada desde el negocio hotelero”, fue indispensable la firma Valle Mitre SRL propiedad de Lázaro Báez, creada meses después de que los Kirchner adquirieron los hoteles y fue utilizada en el esquema de blanqueo “para recibir ese dinero y aplicarlo al negocio de la hotelería, y permitir así que la ganancia ilícita se distancie de su verdadero origen”.

Valle Mitre no tenía capacidad económica para pagar el alquiler de Hotesur SA. Así, quien le inyectaba dinero era Austral Construcciones -principal contratista de la obra pública vial-. La empresa que administró los hoteles de los Kirchner, registró ingresos por pagos de la constructora entre 2007 a 2015, por $70.949.170,95 en sus cuentas bancarias.

Dichos fondos, después se derivaban a la empresa hotelera de la ex Presidenta. Hubo más: Valle Mitre a su vez, enviaba dinero a otras empresas del Grupo Austral (Kank y Costilla, Loscalzos y Del Curto, La Estación SA, Don Francisco) para que éstas terminen alquilando habitaciones de los hoteles sin utilizarlas. Garantizaron así ingresos por más de $ 14 millones a la familia Kirchner.

Dinero para los Kirchner

Entre 2009 y julio de 2013, Báez garantizó a los Kirchner 27.592.110 pesos por alquileres a Hotesur SA. El contrato de alquiler del Alto Calafate fue en dólares, e incluía un canon mensual de 40 mil dólares por la explotación comercial. Todos estos fondos «finalmente se introdujeron en el patrimonio de los Kirchner, todo con miras a ocultar la fuente real de los fondos y a otorgarles apariencia de lícitos», remarcó Ercolini..

El paso siguiente fue que el propio Báez alquilara cuartos de esos hoteles. Por ejemplo, el 54 % de los ingresos de Alto Calafate provinieron del Grupo Austral.

Lázaro contrató habitaciones de los tres hoteles de los Kirchner, justificando que era para personal de sus constructoras que hacían obras públicas cerca de El Calafate. Sin embargo, una pericia confirmó que los obreros trabajaban a más de 340 kilómetros de allí. También se firmaron contratos de consultoría. “Tras hacer frente a los costos propios de la actividad hotelera, remitía tales fondos mensualmente a los ex Presidentes y luego a sus hijos en concepto de canon locativo por esos inmuebles”, indicó el juez de la causa.

Mientras el amigo y entonces socio de los Kirchner era el principal adjudicatario de obra pública vial en Santa Cruz (un total de 52 contratos por 46.000 millones de pesos), paralelamente garantizaba “a los ex Presidentes y a sus hijos ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimiento hoteleros”, consignó el juez. Todo permitió a los ex Presidentes “aumentar notablemente su patrimonio”.
La nación

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Y la evasion fiscal millonaria q hizo con el correo.argentino… se perdono la deuda solo… esos millones evadidos estan en el bolsillo de los macri. Cara duras

Y Macri para cuando,cada vez q buscan cuentas afuera,q casualidad q solo encuentran del excelentísimo presidente mauricio Macri

… ES lo que SE MERECEN …POR CORRUPTOS JUICIO …CARCEL .
QUITARLES TODO LO MAL AVIDO……….LACRAS TODOS .. RATAS