Toda la maquinaria de Austral podría quedarse con Vialidad Nacional

La disputa por los bienes millonarios de Lázaro Báez sumó un nuevo interesado: Vialidad Nacional. El organismo que denunció al empresario y a su grupo de constructoras penalmente por la obra pública que el gobierno kichnerista le otorgó los últimos doce años, rodeada de múltiples irregularidades, considera que la dinámica utilizada para favorcer al empresario K, “resintió los medios para la realización de obras y tareas de mantenimiento”, y por eso piden que el juez Sebastián Casanello no dé lugar al pedido que hicieron tres municipios y que la maquinaria pesada de Austral Construcciones quede bajo la guarda de Vialidad.

En la entrada a Río Gallegos y al costado de la Ruta N° 3 un gran mástil con la bandera argentina y una cartel con dos flechas en direcciones opuestas formando una “A”, indican el acceso principal a la emblemática empresa de Lázaro Báez: Austral Construcciones SA (ACSA). Cerrada, con el movimiento únicamente del personal de seguridad y algunos administrativos, dejó atrás los “años dorados” cuando de la mano del gobierno kirchnerista recibió $ 21.600 millones en contratos viales.

La empresa conserva en ese inmenso predio una flota de 239 máquinas pesadas y 114 camionetas. Este parque automotor tasado por la Justicia arroja un valor de $ 81.551.000 según confirmaron fuentes judiciales a Clarín. De todos estos vehículos tres municipios (General Pico de La Pampa, Isla Verde de Córdoba y Río Gallegos de Santa Cruz) pidieron la “guarda judicial” para poder utilizaros. Esto fue solicitado ante el juzgado de Sebastián Casanello que investiga a Báez por lavado de dinero.

El jefe de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, Ricardo Stoddart presentó la semana pasada un escrito ante la Justicia, manifestando que el organismo se “opone expresamente” a las solicitudes “efectuadas por los intendentes” sobre la guarda y uso de la maquinaria de ACSA. Entre sus argumentos centrales, sostienen que el empresario K es investigado por presunto lavado de activos “con motivo de los contratos de obra pública que fueran celebrados” a través de Vialidad “es decir con activos del Tesoro Nacional”.

Es así que consideran que la estructura de Vialidad se “resintió notablemente” por la dinámica utilizada por el anterior Gobierno para “favorecer” a Lázaro Báez, ya que el presupuesto se ejecutaba desde la Dirección vial.

Con estos argumentos pidió que se designe al Distrito 23 con asiento en Santa Cruz, como “depositario con concesión de uso de estos bienes (la maquinaria de Austral)”. También remarcan que resulta más complejo para la Dirección Nacional con sede en Capital Federal, trasladar maquinaria a Santa Cruz, considerando los más de 2.400 kilómetros de distancia y la cantidad de obras inconclusas que dejó Lázaro Báez.

Vialidad Nacional que los últimos doce años benefició con contratos millonarios a Báez y a sus empresas, bajo la actual gestión piden ser depositarios de la maquinaria, para “finalizar las obras” de los contratos rescindidos con Austral Construcciones y a su vez, poder “garantizar la transitabilidad de los usuarios de las rutas en la Provincia”.

Para esto según el escrito al que accedió Clarín, sostienen que necesitan los equipos viales y las movilidades que forman parte del patrimonio de la constructora: Esto incluye retroexcavadoras, bateas, motoniveladoras. Pese a que Santa Cruz cuenta con tres rutas nacionales (288, 3 y 40) Vialidad financió muchas obras sobre caminos provinciales que quedaron inconclusos y en mal estado. Ahora la misma maquinaria de la empresa que no terminó los trabajos que sí cobró, podría utilizarle para arreglar diversos caminos santacruceños.

El juez Julián Ercolini investiga la entrega “irregular de múltiple y millonaria obra pública vial” en Santa Cruz a favor del Grupo Austral y en tal sentido el representado letrado de Vialidad sostiene que a raíz de los pagos efectuados “por certificados de obras no ejecutadas” entre otras maniobras, se generó “un perjuicio al erario público nacional”.
clarin

Paula Ravier

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