Urribarri, Báez y Aguilera embargados por 26 millones de pesos

La Justicia dispuso un embargo de $26 millones al exgobernador Sergio Urribarri en el marco de la causa que investiga el desvío de publicidad oficial, entre 2010 y 2015, en beneficio de empresas ligadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, por un monto que supera los $24 millones.

El embargo alcanza también al exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial (FPV) Pedro Ángel Báez y al propio Aguilera, más los empresarios Jesús José María Bustamante y Hugo Fernando Montañana, también por $26 millones, más la inhibitoria general de bienes.

El embargo, que no se conocía hasta ahora, fue resuelto por el juez de Garantías José Eduardo Ruhl en el mismo momento en que recibió el pedido de elevación a juicio de la causa caratulada “Aguilera Juan Pablo y Otros. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y otros”, investigación que deja en situación muy incómoda al reelecto presidente de la Cámara de Diputados: embargado, con pedido de desafuero, a punto de sentarse en el banquillo y acusado de graves delitos de corrupción.

La investigación judicial, que ahora llevan adelante los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro, es lo suficientemente grave y de envergadura.

El jueves 1° de febrero, Cánepa y Yedro pidieron la elevación a juicio de la causa en la que se investiga a la administración Urribarri por la supuesta contratación amañada de publicidad con empresas ligadas a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, en la está directamente también comprometido el exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial justicialista Pedro Ángel Báez.

La petición de los fiscales incluyó otros dos elementos relevantes: el pedido de desafuero para los diputados Urribarri y Baéz ; y un adelanto de la solicitud que harán durante el debate en juicio, la pena de 8 años de prisión, de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para Urribarri, Báez y Aguilera.

Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”, según se desprende de la información oficial que distribuyó el Poder Judicial. Para los fiscales, esas firmas que se adjudican al Cuñado, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.

Más aún, el dictamen fiscal sostiene que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRl y Next SRL), como J. M. Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”. Cánepa y Yedro dan por probado en la investigación penal preparatoria “con la pericia realizada por el cuerpo de peritos calígrafos del STJ, que existe un gran número de campañas publicitarias fictas, pues los trabajos contratados por el Estado no se llevaban a cabo en las condiciones pautadas, o bien se utilizaba con fines proselitistas, pero se rendía a través de fotomontajes que pretendían acreditar su cabal cumplimiento”.

“En mérito de las evidencias recolectadas, los fiscales consideraron a esas conductas como delictivas y las subsumieron en los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública -reiteradas-, peculado y fraude a la administración pública, previstos en los artículos 265, 261, 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5, y 55 del Código Penal, imputando a Sergio Daniel Urribarri y Pedro Ángel Báez como autores, a Juan Pablo Aguilera, Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamante, Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, como partícipes primarios -art. 45 del C.P- y a Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y a Maximilano José Sena, como partícipes secundarios”, revelaron desde la Justicia.

Belén Almada es la esposa de Juan Pablo Aguilera; Alejandro Luis José Almada, su hermano, es el que adquirió impacto mediático tras el secuestro de una fuerte suma de dinero durante un operativo de la Policía Federal en el Acceso Norte.

En forma provisoria, los fiscales adelantaron que pedirán ocho años de cárcel para Urribarri, Báez y Aguilera; para Corina Elizabeth Cargnel, Jesús José María Bustamanbte y Hugo Fernando Montañana, seis años de prisión de cumplimiento efectivo; igual pena para Gustavo Rubén Tamay, con la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; y cuatro años para Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y Maximiliano Romero Sena.

Esa petición de remisión a juicio deberá ser resuelta por el juez Ruhl. Aunque mientras corre el plazo para que se tome esa determinación, trasciende el embargo judicial sobre casi todos los involucrados -a algunos, como Gustavo Tamay, no se le comprobaron bienes para embargar, a excepción de una motocicleta Zanella-, y en el caso de las empresas Tep SRL y Next SRL, que se adjudican a Aguilera, lo que se llevó adelante es un inventario general para evitar que, en caso de ser condenados, se enajenen, y se pierda la posibilidad de ser decomisados.

El embargo y la inhibición general de bienes para todos los imputados son medidas que usualmente se solicitan en causas penales por corrupción para que, en caso de haber condena, el Estado pueda ir con una acción civil para conseguir resarcirse de las pérdidas. En ese caso, le corresponderá a la Fiscalía de Estado, a cargo de Julio Rodríguez Signes, encabezar la acción civil contra Urribarri, Báez, Aguilera y el resto de los imputados.

La medida se pide judicialmente en esta instancia para evitar que, desde el momento en que la causa se remite a juicio hasta que se los condene, empiecen a desprenderse de los bienes.

Todos los embargos dispuestos ya fueron notificados a los Registros de la Propiedad por lo cual ni Urribarri, ni Báez ni Aguilera ni el resto de los imputados podrá, en esta instancia, a transferir ninguno de los bienes que posee.
Entre Ríos Ahora

Paula Ravier

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Betty Pascua dice:

Cárcel el y los que robaron en los Comedores apoyado X el y el cuñado que antes tenía un autito viejo ahora cero estaba encargado de Argentina Trabaja

Jorge Sosa dice:

El tiene mucho q esplicar y la justicia investigar a sus “amigos” de federacion no sea que alguno sea testaferro de el.

Mayda Garen dice:

Mucho no le afectó el. Embargo porque anoche bailaba feliz en los carnavales de Concordia. “País genersoso “.

Me pregunto ¿de dónde saco tanto dinero Urribarri? Si lo pensamos en sus épocas de general campos realmente paso de un extremo a otro… Ah quizás saco el quini, el loto, el gordo de navidad y año nuevo varios años consecutivos, eso debe ser!!!

Ariel Zayas dice:

Sera q tiene plataaaa…jajajaj soy un muerto al lado de este señor..

Que le hace !!!!!!! Con la “casita” del lago y los campitos que tiene,es reirse de la gente honesta….Que pais generoso!!!!

Por 26 millones de pesos ?? De donde va a sacar 26 millones si CURRIBARRI fue empleado bancario un tiempito y después fue se dedicó a la política cobrando del estado. Si se hacen las cuentas a este tipo no le san las cuentas del blanco, te imaginas lo que debe tener en negro y a nombre de otros ??

Y hace una semana lo votaron con unanimidad para la cámara jajaja que lindo país…

Silvia Noemi dice:

Es un porcentaje de todo lo robado, la mancion que tiene en Federación vale mucho más de lo embargado, y todo lo demás ????es una joda ,se nos cagan de risa en la cara estos Corruptos LADRONES !!!

Jorge Sosa dice:

En federacion el tiene un compañero y amigo que fue el que le vendio el campito donde tiene la mansion y donde construyo una laguna artificial para practicar la pesca ya que el embalse que toca sus costas no les alcanza para pescar.

Me imaginó que 26 millones a cada uno
Porqué la que se llevaron es mucho mas que 26

es un buelto la palabra correcta i las estancias q se comenta q compraron

Jaja,es una joda …embargado de su vienes supongo ..seria lo q corresponde y a seguir tiene q estar preso..por q la fortuna q se hizo fue robando ,plata del pueblo ..deberían embargarle todo ,dejarle con lo poco q tenía .eso seria lo justo .26 millones es nada a comparación de lo q se robo y compro con esa plata ,inmuebles por todo el país y fuera del país ,miles d millones y en dorales …q le hace 26 millones,todavía se debe estar cagando d risa d todos.

Es un buelto de todo lo que robo en entre rios

Lolo Castell dice:

Que le hacen esos millones de embargo no le mueven ni un pelo con todo lo que robaron estos.