La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que las investigaciones contra el exsenador Edgardo Kueider continúen tramitándose por separado, una en la Justicia Federal de San Isidro y otra en la Justicia provincial de Entre Ríos.
La decisión, fechada el 23 de septiembre de 2026 y firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el planteo de inhibición presentado por el Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. La resolución fue remitida al Juzgado de Garantías N.º 2 de Concordia.
De esta manera, por el momento, ambas investigaciones seguirán avanzando en paralelo: en Concordia se investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Kueider, mientras que en San Isidro se desarrolla una causa por presuntos sobornos vinculados a la empresa Securitas.
La causa que tramita en el Juzgado de Garantías N.º 2 de Concordia, a cargo del juez Edwin Ives Bastian, busca determinar si Kueider registró un incremento patrimonial apreciable y no justificado durante el período comprendido entre 1999 y 2019, cuando ejerció distintos cargos públicos municipales y provinciales.
La investigación se inició a partir de una denuncia que vinculó el supuesto incremento patrimonial con la adquisición de bienes muebles e inmuebles y con una sociedad relacionada con departamentos y cocheras en un edificio de Paraná.
Desde la Justicia entrerriana se sostuvo que la investigación por enriquecimiento ilícito vinculada con el desempeño de cargos provinciales corresponde al ámbito local y que no existía identidad entre los hechos analizados en ambos expedientes. La Cámara de Apelaciones entrerriana confirmó posteriormente esa postura.
En paralelo, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado investiga en San Isidro una causa relacionada con presuntos pagos de sobornos realizados por la empresa de seguridad Securitas a distintos organismos públicos y privados.
Entre los organismos mencionados aparece ENERSA, la empresa estatal de distribución eléctrica de Entre Ríos, donde Kueider se desempeñaba como representante de la provincia con derecho a voto.
En ese expediente también se analizan posibles delitos conexos, entre ellos cohecho, negociaciones incompatibles, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de dinero, según la información difundida sobre la causa.
La jueza federal había planteado que existía una posible conexión entre ambas investigaciones y había solicitado que la Justicia entrerriana dejara de intervenir sobre el período comprendido entre 2015 y 2019.
El planteo fue rechazado por el juez provincial Bastian y posteriormente por la Cámara de Apelaciones entrerriana, por lo que el conflicto de competencia llegó a la Corte Suprema.
Antes de la decisión de la Corte, el procurador general interino Eduardo Casal había recomendado rechazar el planteo de inhibición.
En su dictamen del 28 de mayo de 2026, Casal sostuvo que un incremento patrimonial puede tener diferentes causas y consideró que, en esa etapa de la investigación, no correspondía limitar el alcance de la pesquisa que llevaba adelante la Justicia entrerriana.
El procurador también señaló que una eventual coincidencia entre los hechos investigados deberá determinarse a medida que avancen las actuaciones y se precise el alcance de cada expediente.
La Corte Suprema resolvió finalmente de conformidad con ese dictamen y rechazó la inhibitoria solicitada por el juzgado federal de San Isidro.
Edgardo Kueider permanece detenido en Paraguay, donde fue arrestado en diciembre de 2024 junto a su entonces secretaria en el puente internacional que une ese país con Argentina, cuando se detectó que transportaban más de US$200.000 sin declarar.
En Paraguay fue condenado por tentativa de contrabando de dinero y además es investigado por presunto lavado de activos. En Argentina, mientras tanto, continúan las dos investigaciones que ahora la Corte Suprema determinó que permanezcan separadas.
La resolución del máximo tribunal implica que la causa por presunto enriquecimiento ilícito continuará tramitándose en Concordia, mientras que la investigación por los presuntos sobornos vinculados al caso Securitas seguirá en la Justicia Federal de San Isidro.
Fuente: Ciudad Satélite noticias
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