A las 11 de la mañana del viernes 9 de octubre, Norberto Flores llegó al primer piso de los Tribunales de Concordia, donde funciona la Unidad Fiscal de Litigación e Investigación, para comparecer ante el fiscal Martín Núñez en el marco de una causa por presuntas coacciones.
De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, la citación se produjo luego de lo ocurrido en la audiencia desarrollada el lunes 5 de octubre, cuando Jorge Romero, abogado del matrimonio integrado por el exgobernador Gustavo Bordet y Mariela Ávila, había señalado que el fiscal José Arias habría coaccionado a Flores.
Vale recordar que, durante esa audiencia, Romero presentó un acta de declaración privada de Norberto Germán Flores, quien junto a su hijo Germán Ezequiel está siendo investigado por sus vínculos con Bordet, Mariela Ávila y el empresario Salvador Carubia. Este último es señalado por la Fiscalía como presunto testaferro del exgobernador o como alguien que habría aportado dádivas para acceder a contratos con el Estado provincial.
Según resumió Romero, Flores había relatado que el 24 de agosto, después de una audiencia en Tribunales, se dirigió al despacho de José Arias tras recibir una citación “verbal”. En esa reunión, de acuerdo al relato de Flores expuesto por el abogado, el fiscal le habría propuesto ponerlo a salvo de la investigación, tanto a él como a su hijo, si aportaban información sobre el patrimonio de Bordet.
En esa declaración, Flores puso en boca de Arias referencias a presuntos bolsos con dinero y sociedades en el exterior. Además, habría asegurado que rechazó esas afirmaciones por considerarlas falsas y que no accedió a lo que supuestamente le había solicitado el fiscal.
Romero consideró grave la situación. Si bien reconoció que Arias sostenía que la reunión nunca había ocurrido, afirmó que era “palabra contra palabra” y que debía tenerse en cuenta el relato de Flores, a quien, según expresó, Bordet y su esposa “le creen”.
Arias presentó las filmaciones de Tribunales
En la misma audiencia del lunes 5 de octubre, el fiscal José Arias presentó imágenes de las cámaras de seguridad de los Tribunales correspondientes al día en que, según la versión expuesta por Romero, Flores había concurrido a su despacho después de una audiencia de recusación ante el juez Edwin Bastian.
De acuerdo a lo expuesto por Arias, el registro fílmico desmentía que se hubiera producido el encuentro en los términos relatados por Flores.
El fiscal señaló que había tenido la suerte de que aquel día las cámaras todavía funcionaran y, más adelante, reclamó enfáticamente que se instalen dispositivos de vigilancia que permitan registrar lo que ocurre en el edificio y contar con elementos para defenderse de “planteos tan falaces y mentirosos” como el que, a su entender, había formulado la defensa de Bordet.
Las imágenes del 24 de agosto muestran a Flores saliendo a la vereda de Tribunales, permaneciendo cerca de la puerta y finalmente saludando a su hija. Por su parte, Arias se retira del edificio junto a otros fiscales y jueces al concluir el horario de trabajo.
Al finalizar la audiencia, Romero intentó relativizar la validez de las filmaciones y sostuvo que, en realidad, Flores ubicaba el encuentro el 25 de agosto, es decir, al día siguiente. Arias le hizo notar que, según el relato presentado, la reunión habría tenido lugar al terminar la audiencia de recusación, que se había desarrollado el 24 de agosto y no el día 25.
Tras la comparecencia de Flores ante el fiscal Martín Núñez, Concordia Policiales pudo saber que el hombre relativizó el contenido de la declaración privada que había presentado Romero durante la audiencia del lunes 5 de octubre.
De acuerdo a lo que trascendió sobre su declaración, Flores habría explicado que él había instado la reunión y no que Arias lo había mandado a citar y que, durante ese contacto, el fiscal no le pidió información para incriminar al exgobernador Gustavo Bordet, sino que le preguntó qué tareas desarrollaba y a qué se dedicaba.
En ese sentido, habría manifestado que estaba dispuesto a brindar esa información y que nunca se sintió intimidado ni coaccionado por Arias, sino que habían mantenido un diálogo.
Asimismo, Flores reconoció que la firma era suya y que la entrevista había existido, aunque le dio otro sentido a su contenido, en contraste con la versión que Romero había expuesto en la audiencia ante el juez de Garantías, Ives Bastián.
Norberto Flores está vinculado a la investigación penal preparatoria por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal José Arias contra el exgobernador Gustavo Bordet. En esa causa también están involucrados el comerciante Salvador Carubia y Germán Ezequiel Flores, hijo de Norberto.
Flores está señalado de ser una persona de estrecha confianza del exgobernador y, durante el último tramo de la gestión de Bordet, pasó a planta permanente de la provincia de Entre Ríos. Su designación fue revocada posteriormente, tras una revisión realizada con el cambio de gestión, al ser considerada irregular.
Actualmente, figura en la página web de la Cámara de Diputados de Entre Ríos como contratado de Mariela Ávila, esposa del exmandatario.
La denuncia contra la hija de Flores
Vale recordar que, durante la audiencia del lunes 5 de octubre en los Tribunales de Concordia, Jorge Romero acusó a Arias de filtrar información sensible a la prensa. En respuesta, el fiscal presentó audios que fueron reproducidos en la sala y que, según sostuvo, exponían conversaciones en las que Giuliana Flores, hija de Norberto, hablaba con su padre sobre la investigación, reconocía haberle comunicado a su hermano Germán detalles de documentación y mencionaba que borraba sus mensajes, a sabiendas de que su proceder era indebido.
A raíz de esta situación, Arias presentó una denuncia penal contra Giuliana Flores ante el fiscal coordinador, José Costa, por el presunto delito de violación de secretos de funcionario público.
En su presentación, Arias sostuvo que la empleada “quebrantó su deber de guardar reserva y le transmitió a su hermano información sobre documentación presentada en la Mesa de Entradas de la Unidad Fiscal Concordia”.
El delito está contemplado en el artículo 157 del Código Penal, que establece que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos”.
Fuente: Policiales Concordia
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