La medida alcanzará al personal de la Administración Pública Nacional centralizada y contemplará pagos de hasta 20 sueldos. Quienes se adscriban no podrán volver a ser contratados por el Estado durante ocho años.
El Gobierno nacional formalizó este lunes la puesta en marcha de un nuevo plan de retiro voluntario destinado a los trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada, mediante la publicación del Decreto 1203/2026 en el Boletín Oficial. La convocatoria para adherir al programa estará abierta del 1 al 30 de noviembre, con la posibilidad de otorgar una prórroga única de hasta 30 días.
Según precisó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la iniciativa alcanza a unos 20 mil agentes en condiciones de acogerse al beneficio. El esquema contempla la entrega de compensaciones económicas calculadas en función de la edad, los años de aportes jubilatorios y la antigüedad de cada empleado, alcanzando un tope de hasta 20 remuneraciones.
El programa está dirigido al personal de planta permanente y con contratos por tiempo indeterminado comprendidos en la Ley Marco de Empleo Público y la Ley de Contrato de Trabajo. No obstante, la normativa excluye de manera explícita a los efectivos de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, la Secretaría de Inteligencia de Estado y el Servicio Exterior. Asimismo, el texto establece como condición indispensable que los solicitantes no registren procesos penales ni sumarios administrativos pendientes, y que desistan de cualquier reclamo judicial o administrativo contra el Estado.
Un aspecto central de la reglamentación es la inclusión de una cláusula que impide el reingreso a la función pública. Los trabajadores que acepten la baja formalizaremos el cese definitivo de la relación laboral y la supresión del cargo presupuestario, quedando inhabilitados para volver a ser contratados en el Sector Público Nacional por un lapso de ocho años.
Por su parte, las autoridades de cada jurisdicción tendrán la facultad de evaluar las solicitudes y rechazarlas en un plazo de 40 días si consideran que la salida del agente afecta el normal funcionamiento de las áreas. De no mediar una aprobación expresa dentro de ese término, el trámite se considerará denegado.
Fuente: Informe Litoral
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